- En cuanto al Auditorio Deportivo no prospera la solicitud de auditorías ante ASE ni Contraloría General
- CONDUSEF tampoco resuelve por recurso de inconformidad
- Por su parte la Síndico Municipal no reclama fianza y Tesorero Municipal no proporciona recursos para el pago de peritaje
MARCO SERNA
A un año de la clausura del Auditorio Deportivo se puede ver que los responsables de tal burla municipal seguirán gozando de impunidad, y lo que es peor, estarán al frente de más “estafas” en perjuicio de municipios que por acuerdos políticos les otorgan trabajos.
Como ocurrió el año pasado, al no contar con evidencias documentales ni técnicas que explicaran sobre la futura corrección de desperfectos o vicios ocultos de la obra denominada “Auditorio Deportivo Municipal” que se edificó en terrenos de la escuela Preparatoria de Cerritos, el Contralor Interno, Licenciado David Alejandro Macías García propuso al Honorable Cabildo la clausura provisional de dichas instalaciones.
El funcionario informó a Plurinominal que la decisión se aprobó por mayoría, por lo que el lugar estaría en desuso hasta que el responsable de la obra presentara un plan o propuesta para sanar los desperfectos.
De lo contrario, explicó el abogado, se haría efectiva la garantía, que consiste en una fianza de casi un millón de pesos.
Este dinero fue un requisito indispensable para cualquier compañía que gana una licitud, a fin de prevenir este tipo de anomalías.
Sería un monto aproximado al 10% del valor de la obra, lo que se usaría para que se arreglen detalles que ya son conocidos por el público.
Sin embargo, por nuevo acuerdo de Cabildo y por solicitud del hijo de Aurelia Orozco Reyes, —Lenchín Orozco, Director de Deportes— este mes se ordenó la apertura del recinto para llevar a cabo competencias ahí.
Plurinominal se entrevistó con Macías García para conocer el estado que guarda la edificación.
Dijo que Cabildo instruyó al tesorero Ediel Álvarez Alvarado para el pago del peritaje, “incluso me notificaron para iniciar un procedimiento de responsabilidad en contra del tesorero, por desacato a la orden de los ediles”.
Explicó David Alejandro que “por acuerdo de Cabildo se ordenó la realización de un nuevo peritaje, la coordinación habló con un perito y se le ordenó al tesorero realizar el pago por la realización del peritaje, pero a la fecha este no se ha realizado. Como se sabe, las auditorías solicitadas por el Órgano de Control Interno no tuvieron respuesta de parte de la Auditoría Superior ni de la Contraloría General”, reveló el funcionario.
Dijo que la oficina a su cargo “inclusive tomó muestras del suelo, pero nunca han entregado los resultados. La fianza no prosperó y se cuenta con el recurso de inconformidad ante la CONDUSEF, pero este no ha sido presentado por sindicatura”.
Añadió que el costo del peritaje sería de un valor aproximado a los 20 mil pesos, “pero el reclamo de la fianza no se ha promovido, acción que corresponde a la Síndico Gabriela de Jesús Berrones”.
“Desafortunadamente primero se tendría que pagar el peritaje y después reclamar”, finalizó el Contralor Interno.
Todo indica que esas intenciones de continuar un procedimiento para que Contraloría General del Estado inhabilite a la empresa resultaron vanas, y que entonces pasará lo mismo con los responsables de cochinadas como el bulevar Rafael Nieto (llamado también Gómez Morín), el camino a Joya de Luna o hasta la porquería que se aprecia ya en la calle Manuel José Othón.
Extraoficialmente se sabe que los recursos aplicados en estas obras provienen del dinero que “discrecionalmente” los disputados federales ejercen, “por ahí puede venir la falta de interés de los órganos superiores de fiscalización”, indicó el Contralor.
“La misma Auditoría Superior de la Federación detectó gran opacidad en la aplicación de casi 10 mil millones de pesos aplicados en obras por los diputados federales en los años 2014 y 2015. 20 millones de pesos corresponden al ejercicio de cada diputado federal para obras en su distrito”, finalizó el funcionario.
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