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Un alcalde “chamaqueado”

  • Funcionarios se arrojan la pelota unos a otros para proteger a empleado municipal

Por MARCO SERNA.- El alcalde José Alfredo Sauceda Loredo ordenó el cese inmediato de Juan Manuel Castillo Capetillo, mejor conocido como El Pingo, presunto responsable del caso de aviadores dentro del programa de empleo temporal.

Como este medio informó en su debido momento, el acusado confesó haberse hecho del dinero, generando grave daño a las arcas municipales y aseguró que nadie más estuvo involucrado en el ilícito.

Asimismo se dijo que estaba por terminar el contrato que esta persona tenía con el honorable ayuntamiento, entonces, aunado a la orden del alcalde de recurrir al cese inmediato, se esperaba de plano dejarlo fuera de la nómina.

No fue así, por lo que la ciudadanía, al conocer de la recontratación adoptó una actitud de rechazo contra la administración.

Así las cosas se sospecha que El Pingo presionó con soltar la sopa e involucrar a demás funcionarios que exprimieron una cantidad en perjuicio del erario.

Plurinominal conoció la versión de la Síndico Municipal Gabriela de Jesús Berrones Rodríguez, quien el 16 de abril expresó mediante oficio los argumentos por los cuales “no fue factible ni viable el cese ordenado” por el Presidente Municipal.

“…el Presidente nos ordenó el cese del trabajador, pero la Síndico argumenta que se pueden violar derechos del trabajador y según ella previene una demanda laboral”…

Berrones Rodríguez atiende al artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política, “en aras de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”, y agrega que la violación a este, “puede resultar perjudicial para el H. Ayuntamiento, derivando una probable demanda laboral o un amparo por violación al proceso”.

Pero la Síndico Municipal atiende a la respuesta del Contralor Interno David Alejandro Macías García, quien en otro oficio explica que “se deberá proceder al cese sin que exista responsabilidad para esta entidad pública, teniéndose como base y sustento el expediente administrativo que se tiene en esta dependencia”.

Es así que la “Licenciada Gaby” esperaba que el Contralor Interno “fundara y motivara” la medida que se había de acatar, en relación a la procedencia de la suspensión temporal, o en su caso del cese o destitución de Juan Manuel Castillo.

De acuerdo a la versión de sindicatura, “no existió respuesta de David Alejandro Macías García”, en relación al fundamento del cese.

Por esto se insistió “en la recomendación de esperar la aclaración del Contralor Interno, o en su caso que se decrete la suspensión temporal, medida cautelar por parte de la autoridad sustanciadora”.

Por su parte, el Contralor explicó a este espacio que el procedimiento de investigación se encuentra ya en el tribunal de justicia administrativa.

“Te puedo afirmar todo está fundado y motivado, solo que por cuestiones de interpretación o de interés la Síndico se opone al cese”, dijo el funcionario.

La contraloría calificó la falta administrativa como grave, por otro lado recomendó a Recursos Humanos y a Sindicatura que además del procedimiento administrativo, laboralmente se procediera al cese inmediato del servidor público por haber transgredido con su conducta el artículo 55 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del estado, al incurrir en actos de falta de providez y honradez.

Macías explicó que aún cuando ya existe la investigación administrativa, el acta administrativa de trabajo y la vista que la Contraloría Interna dio a la Síndico para que procediera a la denuncia penal, ni sindicatura ni Recursos Humanos han atendido la indicación.

“Incluso el Presidente nos ordenó el cese del trabajador, pero la Síndico argumenta que se pueden violar derechos del trabajador y según ella previene una demanda laboral, lo cual presidencia y Contraloría no estamos de acuerdo porque hay muchos elementos para que no exista responsabilidad para el municipio ante una demanda laboral”. Agregó el Contralor.

El tema nos lleva a recordar que cuando se decidió el cese del Secretario General del H. Ayuntamiento, la Síndico no tomó en cuenta lo anterior, es decir, de que el municipio podría incurrir en una demanda laboral promovida Jesús Gildardo Nieto Meza, quien aun tiene margen de esperar una resolución.

Pues bien. Si los lectores no comprenden este rollo, todo indica que a Sauceda Loredo lo “chamaquearon” sus mismos colaboradores, camarilla que podría estar involucrada junto con El Pingo en los actos turbios por los cuáles a este se le acusan.

En relación a lo planteado por Macías, éste ha dejado claros sus límites y en efecto, a la Síndico corresponde el levantamiento de una denuncia penal en la agencia correspondiente.

Sin embargo nadie explica por qué si el contrato del sospechoso había acabado, la oficina de Recursos Humanos volvió a ocuparlo.

Es decir la relación con el gobierno municipal había llegado a su fin los últimos días de marzo.

“No entiendo la posición de la Síndico. Se ha despedido gente por menos y resulta que en este caso le preocupa que aún cuando estén la investigación y actas administrativas, El Pingo nos pueda demandar laboralmente”, finalizó el Contralor.

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