Cambios de última hora podrían suceder en cuanto a la terna para elegir al Contralor Municipal, pues lo mencionado por el regidor del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Ruiz Pérez debe analizarse a fondo.
Hasta la fecha figuran para el cargo Luis Federico Castillo Vera, Juan Antonio Montelongo Blanco y Claudia Guzmán, pero el decreto aprobado por el Honorable Congreso de San Luis Potosí contempla requisitos para el próximo funcionario público.
La disposición que entra en vigor el uno de octubre de 2015 –previa publicación en el Periódico Oficial del Estado– indica en el artículo 85 (de la Ley Orgánica del Municipio Libre), que la Contraloría es un organismo público desconcentrado del Ayuntamiento, con autonomía técnica.
Al frente de la Contraloría estará un funcionario que durará en su encargo 4 años, y podrá ser electo por sólo una ocasión de forma inmediata al período que concluye, y su titular no podrá ser removido salvo por causas graves debidamente justificadas, además los presidentes municipales deberán garantizar la independencia del contralor.
Sobre los requisitos del funcionario, según el artículo 85 Bis del ordenamiento, manifiesta que habrá de ser una persona con título y cédula profesional de licenciado en contaduría pública; administración, economía o cualquiera otra profesión relacionada con actividades de fiscalización; con antigüedad mínima de 5 años; tener experiencia comprobable de 3 años en la materia; edad mínima de 25 años y no haber sido candidato a puesto de elección popular ni formar parte de un partido político.
Además que los Cabildos, al momento de la designación deberán considerar la trayectoria de los candidatos, su formación académica, actualización profesional y experiencia laboral.
Enterado de los requisitos que la ley marca, el próximo Cabildo analizaría que los designados por Carlos Ruiz –representante de la primera minoría– cumplan las exigencias, de lo contrario habrían de manifestar objeciones.
La exposición de motivos que dio pie a los cambios aprobados por legisladores, apunta a que de enero a septiembre de 2012, los ayuntamientos potosinos tuvieron ingresos por monto de 6 mil 500 millones de pesos, de los cuales fueron observados 995 millones de pesos, es decir, casi mil millones que equivalen a poco más del presupuesto de todo un año de Ciudad Valles, a casi 10 veces al presupuesto de todo un año de Rioverde, o a poco más de 76 veces el presupuesto de Villa de la Paz.
El propósito de mostrar los indicadores, fue para dimensionar el daño y la pérdida de oportunidades en las acciones de mejora que los Ayuntamientos pudieran realizar si existiesen mejores mecanismos de seguimiento y control de los recursos públicos.
De 2006 a 2010, y como resultado de la fiscalización de cuentas públicas, la Auditoría Superior del Estado generó 307 procesos de sanación, de los cuales, 185 recayeron en el ámbito de la competencia de Contralorías Municipales, es decir, 6 de cada 10 funcionarios o ex funcionarios municipales deberían de ser sancionados por las Contralorías de los Ayuntamientos.
Ante la inacción la sociedad percibió claramente una descarada sensación de impunidad y complicidad.
Esto replanteó el rol del Contralor Municipal, que hasta ahora había estado a cargo de amigos cercanos o compadres de Presidentes Municipales.
Nos leemos el viernes.
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