- Es una acción hábil y disimulada para violentar los derechos, exponen
Marco Serna.- Como una acción hábil y disimulada para violentar los derechos de antigüedad de los trabajadores del OPAPCE, es como califican empleados del organismo los argumentos que autoridades mencionan.
En este caso, “que a partir del 16 de mayo 2002 –al haberse decretado la creación del Organismo Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Ayuntamiento de Cerritos– es cuando debe iniciar la cuenta de antigüedad”, cuando es bien sabido que un grupo de empleados comenzó a laborar desde mucho antes, cuando el organismo perteneció al estado.
Pero al saber el riesgo que la creación del OPAPCE anunciaba, en reunión del Cabildo encabezado por Alfredo Sánchez Azúa, hubo quien propuso que se agregaran artículos transitorios al decreto 296 de la fecha en mención.
Por eso allí se añade que “los trabajadores de base del ayuntamiento del municipio de Cerritos que pasan a prestar sus servicios en el organismo paramunicipal que se crea por virtud del presente decreto, conservarán todos sus derechos y prerrogativas laborales sin menoscabo alguno”.
Y es que aunque el acta de cabildo de fecha 29 de mayo de 2012 –de la cual Plurinominal tiene copia– está firmada por Ignacio Palacios Robledo, en ese tiempo Diputado y Presidente de la Comisión Estatal del Agua del Congreso del Estado, Alfredo Sánchez Azúa en representación de la junta del OPAPCE, el regidor José Gutiérrez Azúa, Eduardo Hernández, representante propietario de la Comisión Estatal del Agua y Javier Sánchez Ibarra, suplente de la misma, a la fecha pocos recuerdan ese punto que deja a salvo los derechos de antigüedad del personal.
De este modo, autoridades municipales intentan cotizaciones para el retiro de quienes cuentan con más de 30 años de actividad en favor del organismo, a partir del 2002, lo que daría pie a un nuevo conflicto legal para comprobar el pasado de los afectados.
Fuentes que solicitaron no se publicaran sus nombres, explican que cuentan con recibos de nómina donde se prueba la antigüedad, así como copia del acuerdo de Cabildo donde se menciona lo referente al tema.
Por ello, creen que debió ser la autoridad panista encabezada por Sánchez Azúa, la que tuvo que pugnar por la antigüedad de los empleados ante la Comisión Estatal, ya que ahora correspondería al municipio liquidarlos con los derechos respectivos.
Es en las oficinas del propio organismo, donde quienes solicitan informes sobre su retiro, reciben excusas que los invitan a presentarse directamente ante funcionarios de la administración actual que firmaron en su momento en tiempo y forma el acuerdo de Cabildo. Esto los confunde.
Pero personas confiables también han explicado a Plurinominal –con actitudes que asemejan miedo al mencionar el tema– que un recurso etiquetado para el OPAPCE, que consiste en una cantidad aproximada a los 4 millones de pesos, habría de ser administrado por el grupo de Dulce María Montes Zúñiga.
Como se informó en este medio con anterioridad, la gestión del recurso corrió por cuenta del ex alcalde Erasmo Galván Nieto y Ángel Torres Flores, éste todavía en la actualidad al frente del OPAPCE.
Ante instancias correspondientes, argumentaron que una pila que se ubica en la parte alta de la cabecera, –con la que se abastece al municipio de agua potable– ya resulta insuficiente.
Autoridades sanitarias habían explicado el riesgo ante una construcción que con el paso del tiempo se deteriora y almacena residuos que pueden resultar tóxicos a los que ingieren el líquido.
La gestión resultó positiva y ahora el recurso llegó en tiempo de la actual administración.
Pero se asegura que la suma sería utilizada por Dulce María Montes, lo que no debería ser, pues es el OPAPCE quien debe disponer de ésta.
Sin embargo la acción que intenta la alcaldesa, –se ha dicho por personal de confianza– se enfocaría a utilizar únicamente la mitad del recurso para la construcción de una nueva pila.
Luego, con el sobrante se liquidará conforme a derecho a los que ya buscan retirarse del organismo.
Un caso que resalta es el del señor Armando García, quien cuenta ya con 30 años en las oficinas que administran el abastecimiento del agua potable, y otras personas con tiempo similar.
Sobre el asunto deberá explicar la autoridad a través del departamento de Comunicación Social. De este modo se dejarán atrás todos los malos entendidos ya que la llegada del recurso podría significar la nueva puerta para otra ola de despidos y dar cabida a más miembros del grupo cercano a Montes Zúñiga.
En el último de los casos, se desocupó al priísta Tomás Jasso, para dejar la vía libre a la panista Juana Edith Uresti, ahora auxiliar contable.
En otro tema, al saberse del acto calificado como la “auto liquidación” de Rosendo Díaz y Silvia Rodríguez, –quienes obtuvieron cantidades cercanas a los 120 mil y 40 mil pesos respectivamente luego de colaborar para el OPAPCE durante un tiempo mínimo– el asunto se catalogó por una persona como descarado, ya que se explicó que en el mismo sitio hubo quien por más de 20 años de haber laborado, no alcanzó a recibir ni 35 mil pesos por su retiro.
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