Marco Serna
La PGR monitorea una supuesta “campaña negra” emprendida contra el precandidato panista Arturo Narváez.
Fue a través de una copia de este medio —que generalmente es enviada a la Procuraduría vía electrónica— que ésta supo de los actos que en pleno proceso interno del PAN, se emprendieron contra el Notario.
Al respecto, se envió un correo con la siguiente notificación: —en relación a la nota denominada, “Comienza campaña negra contra precandidato”—. “La Procuraduría General de la República, a través del Centro Nacional de Atención Ciudadana, agradece su confianza al hacernos llegar su Queja por este medio. Le comentamos que esta denuncia requiere mayor cantidad de elementos probatorios, por lo que recomendamos marcar el 01 800 00 85 400 (línea gratuita a Nivel Nacional incluso desde la Ciudad de México) para que Usted reciba directamente la atención o asesoramiento correspondiente y sea atendida según su petición. Su llamada es anónima y la información que Usted proporciona es confidencial. Estamos a sus órdenes las 24 horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año. Atentamente: Centro Nacional de Atención Ciudadana”, puntualiza el correo de fecha 8 de febrero.
Cabe señalar, que existe un órgano especializado en delitos electorales de la PGR, aunque en este caso el afectado es directamente el Licenciado Narváez, quien una vez que haya consultado a sus asesores, podría dar seguimiento al asunto, puesto que la demanda entablada en su contra podría ser un mero asunto particular que comenzó desde antes de tomar la decisión de representar al panismo local y la difusión de la misma sí tiene por objeto dañar su imagen.
Existen casos, como el entablado por allegados a Josefina Vázquez Mota, quienes a finales de enero, denunciaron ante la PGR; “actos oscuros”.
Uno de los asesores de Josefina, declaró a la prensa nacional que “en un país de leyes nadie puede estar amenazado en su privacidad”.
De acuerdo a información firmada por Ma. del Carmen Valero Morales (reportera de Plurinominal), se indicó que los actos contra Narváez, no provienen de gente panista.
Explicó a la redacción que todo ocurrió en la casa de un ciudadano de nombre Tirso Pérez.
Allí se presentó una persona. Dijo que llevaba un juicio en contra del Licenciado Arturo Narváez.
Aseguró ante los presentes, que el asunto se tramita en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de este municipio y repartió copias sobre el caso.
En un acto al que convocó Gregorio Carbajal, el denunciante solicitó tomar la palabra pero no se lo permitieron “para no tener problemas” con el otro precandidato.
En tono molesto el “ofendido”, contestó frente a los asistentes, “si ustedes le dan el voto a ese individuo se van a quedar sin candidato».
El afectado también amenazó con denunciarlo penalmente.
ANTECEDENTES
Todo comenzó cuando María del Rosario Maldonado Turrubiartes, —que se encuentra en Carolina del Norte—, no quiso darle a un hijo de la propietaria lo concerniente a 7 hectáreas del Procampo.
Ella tenía una carta poder otorgada por la dueña de las tierras para el cobro, pero le revocaron la carta.
De entrada los afectados intentaron un trámite ante el Licenciado Narváez.
Les dijo que no era posible, porque la señora estaba enferma y necesitaba el dictamen de un médico.
Atendiendo esa indicación, llevaron a la señora Arcadia Zúñiga Alonso, ante el Neurólogo Jerónimo Rodríguez, quien le extendió un certificado donde especificó que la señora estaba en perfectas condiciones mentales, pero ni aún así procedió a la revocación.
Ante la negativa de Narváez para llevar a cabo la revocación, se trasladaron al municipio de Ciudad Fernández donde sí la realizaron.
Entonces, (explica la nota de Ma. del Carmen V.) la parte contraria esgrimió una supuesta letra donde Arcadia Zúñiga le debía a Rosario Maldonado Turrubiartes, —quien era su sobrina—, la cantidad de 600 mil pesos.
Para hacer el cobro de dicha cantidad la sobrina de la señora extendió una carta poder a la Licenciada Karla Guadalupe Tello Carrizales.
En dicha carta se señalaba que la otorgante vivía en Soledad.
Hubo contradicciones porque algunos testigos presentados se contradijeron diciendo que vivía en Carolina del Norte.
Trascendió, que la demanda entablada en contra del Licenciado Arturo Narváez y otros, también es en relación a unas escrituras sobre propiedades en litigio.
Señala la información de Valero Morales, que “las propiedades están ubicadas, una en la calle Hidalgo de esta cabecera municipal y la otra propiedad ampara los terrenos que conforman el rancho «El Palmarito», sobre el camino a Derramaderos, mismo que fue propiedad de Constancio Maldonado. Se solicita la anulación de escrituras y testamento y la demanda también incluye a la Dirección de Catastro y al Director del Registro Público de la Propiedad, “porque el Notario Público hizo unas escrituras y las dio de alta”.
Se explica, que el fedatario sabía que los terrenos estaban en litigio.
El día 29 de septiembre de 2011, mediante un exhorto, —el 37/2011— a través del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Guadalcázar se emplazó al Licenciado Juan Arturo Narváez Banda en su carácter de Notario Público en ejercicio en el X Distrito Judicial con residencia en Villa de Arista San Luis Potosí.
Este exhorto fue firmado por la Licenciada María del Carmen Gómez Flores, Juez Mixto de Primera Instancia del IX Distrito Judicial, actuando con Secretaria de Acuerdos que autorizó, Licenciada Julia Hernández Carreras.
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