- Ejidatarios enfrentan sobornos y amenazas para defender su territorio
REDACCIÓN.- El municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí, enfrenta un panorama de incertidumbre y conflicto. En el ejido Corcovada, así como en comunidades como La Tapona y Llano del Carmen, la irrupción de empresas interesadas en recursos naturales ha generado divisiones profundas entre los habitantes, acompañadas de señalamientos de corrupción, nepotismo y amenazas. La sospecha de proyectos mineros y la construcción de una autopista han encendido las alarmas, mientras líderes locales y exautoridades son señalados por presuntos arreglos con compañías privadas, en un contexto donde el agua, los ecosistemas y la convivencia social están en riesgo.
En Corcovada, la tranquilidad que caracterizaba al ejido hace apenas dos años se ha desvanecido. Desde finales de 2022, la llegada de empresas como Servicios Drilling y, más recientemente, CEMAT Construction, S.A. de C.V., ha sembrado desconfianza. Estas compañías, vinculadas a Grupo Salinas según reportes periodísticos, han intentado adquirir 500 hectáreas de tierras ejidales bajo promesas de beneficios que no se han cumplido, como la perforación de pozos de agua o la mejora de infraestructura. José Francisco Gutiérrez Aguilar, hijo de un ejidatario, relata cómo la primera empresa pagó 400 mil pesos por perforar 43 barrenos, pero incumplió otros compromisos, dejando tras de sí un rastro de promesas vacías.
Las tensiones no se limitan a Corcovada. En La Tapona, un ejidatario anónimo denunció presiones similares relacionadas con el trazo de una autopista. Según su testimonio, quienes se oponen enfrentan intimidaciones de diversa índole, desde ofrecimientos económicos hasta amenazas directas. Los señalamientos apuntan a figuras de expresidentes, quienes, junto a comisariados ejidales y funcionarios actuales, son acusados de negociar con las empresas a espaldas de las comunidades. Los intereses en juego son millonarios, con proyectos que podrían explotar oro, plata, mercurio y materiales para cementeras durante décadas, a costa de los recursos naturales y la salud de los ecosistemas.
El impacto ambiental es una de las mayores preocupaciones. En Corcovada, los barrenos realizados por Servicios Drilling, práctica común en la exploración minera, han levantado sospechas sobre la verdadera intención de las empresas. Análisis independientes de muestras obtenidas por ejidatarios confirmaron la presencia de minerales valiosos, lo que refuerza el temor a una mina a cielo abierto. Habitantes como Jesús Martínez advierten que la extracción no solo agotaría los mantos acuíferos, vitales para las comunidades del altiplano potosino, sino que también contaminaría el agua con sustancias como mercurio. La deforestación de cinco kilómetros de vegetación para abrir brechas, sin autorización de la asamblea ejidal, es una muestra temprana del daño ambiental ya causado.
La división social es otro efecto palpable. Juan Reyes, habitante de Corcovada, describe cómo las ofertas de dinero y enseres domésticos han fracturado incluso a las familias. Él mismo enfrenta desacuerdos con su madre, ejidataria titular, quien considera vender su parcela. Las asambleas ejidales, antes espacios de consenso, se han convertido en escenarios de gritos, empujones y enfrentamientos, como se observa en videos compartidos por los pobladores. A pesar de una suspensión provisional obtenida el 4 de diciembre de 2024 para frenar la venta de tierras, el comisariado ejidal, encabezado por Elías Rodríguez Ramírez, intentó convocar una asamblea el 15 de diciembre para insistir en la transacción, lo que los opositores interpretan como un contubernio entre autoridades locales, estatales y federales.
Las acusaciones de corrupción y nepotismo agravan el panorama. En Villa Hidalgo, la presidencia municipal es señalada por priorizar intereses personales sobre el bienestar colectivo. Comunidades rurales denuncian abandono: no hay obra pública, pero sí intimidaciones para silenciar a quienes cuestionan. Un exalcalde, según habitantes, ha intentado ofrecer “moches” para acelerar la venta de tierras en Corcovada, La Tapona y Llano del Carmen, mientras que otro que incluso traicionó al partido que lo llevó al poder, propuso empleos y dinero a líderes opositores como José Francisco Gutiérrez. Este último relata una reunión donde el exalcalde le advirtió que estaba “bien ubicado” tras rechazar un soborno, y una visita posterior de un supuesto ingeniero, Agustín Espinoza, quien aludió a la violencia de Sinaloa para presionarlo. Lo anterior ha sido documentado en distintos medios.
A pesar de las evidencias, las autoridades estatales mantienen una postura ambigua. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó el 10 de abril de 2025 que no hay avances formales en Corcovada ni exploraciones confirmadas, calificando las denuncias como exageraciones. Sin embargo, los barrenos realizados y las muestras analizadas contradicen su versión. Gallardo delegó la revisión del caso a los ayuntamientos, pero los habitantes exigen intervención federal para garantizar transparencia y proteger sus derechos.
En Corcovada, la resistencia crece. Ejidatarios aseguran que no cederán ante las presiones, aunque temen una escalada de violencia. Otros defienden el ejido por su valor para la agricultura y la ganadería, actividades que sostienen a decenas de familias. La siembra de nopal, mezquite y maguey, apoyada por el programa Sembrando Vida, está en riesgo si las tierras se venden. Los opositores llaman a las comunidades vecinas, como Pedrera del Tanquito y Tanque de Luna, a unirse para evitar un daño que trascienda las fronteras del ejido.
La situación en Villa Hidalgo refleja un problema estructural: la colusión entre empresas, autoridades y líderes locales para explotar recursos a expensas de las comunidades. Mientras las promesas de desarrollo se desvanecen, el costo ambiental y social se acumula. Los habitantes de Corcovada, La Tapona y Llano del Carmen enfrentan un futuro incierto, pero su determinación por defender su territorio podría marcar la diferencia en una lucha que apenas comienza.
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