- Denuncian presunto uso de influencias para perjudicar el patrimonio de una comerciante local
PLURINOMINAL.- Una nueva confrontación política y social ha estallado en el municipio de Cerritos, centrada en la figura de la regidora María Elena «Lena» Jiménez. La funcionaria ha sido señalada públicamente por la ciudadana y comerciante Martha Elena Sauceda de utilizar su posición oficial para ejercer actos de acoso y amedrentamiento, reavivando un conflicto que incluye procesos legales vigentes ante la fiscalía y organismos de derechos humanos.
El conflicto más reciente escaló durante una sesión de cabildo, donde la regidora Jiménez solicitó formalmente el retiro de una mesa de trabajo perteneciente a Sauceda, ubicada en la sección de fondas. Según la denunciante, el mobiliario se encuentra dentro de los límites delimitados previamente por el departamento de Comercio y no obstruye el paso ni viola reglamentos municipales. Sauceda sostiene que la intervención de la funcionaria es un «capricho» personal derivado de su alianza con otras locatarias del área, cuestionando por qué la regidora se involucra en asuntos que no corresponden a su comisión asignada.
Este enfrentamiento cuenta con antecedentes legales. Sauceda recordó que hace casi un año inició una denuncia ante la Fiscalía, la cual permanece abierta, tras ser presunta víctima de delitos cometidos por integrantes del actual cabildo. Asimismo, existe un expediente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) bajo el número 1VQU-0235/25.
Respecto a la resolución de la CEDH, ha surgido una fuerte discrepancia:
La regidora habría asegurado públicamente haber sido exonerada de toda responsabilidad. Sin embargo, el oficio de notificación de conclusión aclara que el cierre del expediente se debió a la falta de evidencia suficiente para acreditar la violación, subrayando que esto no significa que los hechos narrados por la quejosa no sucedieran. En el mismo documento, la CEDH apercibió a la autoridad para que se abstenga de realizar actos de molestia sin fundamento en contra de la recurrente.
Ante la persistencia de estas acciones desde la posición de poder que ostenta la funcionaria, la afectada hizo un llamado público para que se respete su derecho al trabajo y se detenga la persecución personal. «La decisión es suya; yo no le he hecho nada», sentenció Sauceda, advirtiendo que continuará defendiendo sus derechos ante las instancias correspondientes si el acoso desde el Cabildo no cesa.
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