- Habría recibido llamada de atención por parte de Síndico Municipal
Redacción, con datos de Francisco V.- Se ha convertido en una costumbre que la Tesorera Municipal Silvia Rodríguez, interceda por los detenidos que simpatizan con el Partido Acción Nacional.
Es común que se les libere a los pocos minutos que ingresan a barandilla por órdenes de la funcionaria o de la propia alcaldesa Dulce María Montes Zúñiga.
Pero el tema que ahora nos ocupa, sucedió este fin de semana.
Un empleado del ayuntamiento fue remitido a las celdas preventivas.
Como tiene amplia amistad con quienes ahora están al frente de la comuna, la Tesorera Municipal mediante llamada telefónica trató que lo liberaran.
Desde barandilla le informaron que estaba a disposición de la policía estatal y por lo tanto no tenían facultad para liberarlo, pues sería puesto a disposición del Agente del Ministerio Público.
Ese incidente fue hecho del conocimiento de la Síndico Municipal, quien desaprobó la acción.
Fuentes del propio edificio presidencial, explicaron que la Síndico Municipal Jessica Tapia habría hecho un llamado de atención a Silvia Rodríguez para que a futuro se abstenga de interceder en acciones que corresponden a la Dirección de Seguridad Pública.
La Síndico argumentó que las únicas facultadas para dar órdenes a los elementos policiacos son ella y la Presidenta Municipal.
También en los pasillos de la Presidencia se comenta que Silvia Rodríguez está usurpando funciones al intentar la liberación de algunos detenidos que lógicamente coinciden políticamente con el partido que dirige.
No es la primera ocasión que la Tesorera ejerce como abogada.
En otras ocasiones ha tenido éxito con sólo realizar una llamada telefónica. Pero lo anterior lejos de beneficiar, denigra su imagen como autoridad y de paso, también el PAN pierde adeptos al ser imposible que todos los que simpatizan con el partido logren el “beneficio de la impunidad”.
La situación que ha privado en la liberación de algunos detenidos ha despertado el descontento de la mayor parte de la población.
Para lograr la libertad, decenas de personas deben pagar 613 pesos por concepto de multa administrativa, por eso consideran injusto que otras gentes sólo por pertenecer a un partido o ser amigos de funcionarios municipales inmediatamente obtengan su libertad sin pagar ningún cinco a favor de las arcas municipales en un ayuntamiento que intenta seguir la ley “al pie de la letra”.
Por eso existe quien considera adecuado que el asunto se trate al interior del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal.
Consejeros pueden emprender una investigación al respecto y hasta solicitar una sanción para los responsables de la usurpación.
Y es que las acciones de los elementos de la DSPM resultan ridículas, pues los detenidos recobran su libertad gracias a la intervención de funcionarios, al grado que en una ocasión uno hasta se burló de los policías.
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