Gobierno Federal entregó concesiones sin consultar a ejidatarios
FRANCISCO V. DE LA CRUZ
En un documento elaborado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y distribuido por Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala, se previene a la población de Guadalcázar sobre la amenaza minera en la que corren peligro los territorios de varias comunidades.
En el municipio ya se habla de la desaparición de algunas comunidades, ejidos y rancherías pertenecientes a Guadalcázar, pues el mapa anexo establece las zonas donde se podrán llevar a cabo los megaproyectos mineros.
El documento indica que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía otorgó a particulares los derechos para explorar y beneficiarse de los materiales que se encuentren en el “lote minero”.
Las concesiones fueron otorgadas tanto a personas extranjeras como nacionales con una duración de 50 años, pudiendo renovarse por la misma cantidad de años.
Durante la etapa de exploración las compañías mineras proponen acuerdos de arrendamiento como pago de renta por tierras, cuya negociación resulta desventajosa para los comuneros, además no se toman en cuenta los daños a la salud y al ambiente, los cuales son irreversibles.
Los megaproyectos que amenazan el territorio de Guadalcázar son: el basurero tóxico del confinamiento denominado «La Pedrera», el cual fue habilitado en el año de 1994 con la apertura del Tratado de Libre Comercio.
Otro proyecto es el gasoducto «Los Ramones» construido en el año 2016, tubería de carácter privado que apenas entrará en operación.
Asimismo se explica sobre tres proyectos mineros, todos en fase de exploración.
Uno se lleva a cabo en la comunidad «El Milagro de Guadalupe», de industrias Peñoles de México; el otro es «Guadalcázar” de la compañía Candelaria Mining de Canadá, y «Calaminas» de Millrock Resources Inc. de Canadá.
El Proyecto Milagro de Guadalupe pertenece a la empresa mexicana «Industrias Peñoles».
Consta de dos concesiones registradas a nombre de sus filiales «Minera Pecobre y Exploraciones Mineras Parreña) y abarca un total de 9666 hectáreas, aunque la SEMARNAT minimiza los alcances del proyecto manifestando que éste se limita a sólo 0.045 hectáreas.
A la fecha se han realizado perforaciones mediante diamante en 16.163.491 hectáreas de superficie ejidal.
El «Proyecto Guadalcázar» consiste en once concesiones de las cuales nueve están a nombre de «Minera Apolo» y dos a nombre de «María Guadalupe Chiw Castillo y socios».
Abarcan un total de 2923.72 hectáreas de superficie ejidal.
En el año 2003 biólogos recolectaron muestras por medio de diez pozos en una zona pluvial, encontrando depósitos de estaño, plata, oro y mercurio.
«Proyecto Calaminas», consta de tres concesiones llamadas «Dolores, Calaminas y San Diego», registradas a nombre de «Paget Southern Resourses», empresa que fue adquirida en 2013 por «Millrock Resources, Inc.» y abarca un total de 174 hectáreas, de las cuales 84 concesionan tierras ejidales.
La manifestación de impacto ambiental señala ocho perforaciones en cinco lugares diferentes todos ellos cercanos a corrientes de agua.
La advertencia a los habitantes de Guadalcázar es porque la minería no es una industria sustentable, pues se basa en un modelo de explotación desmedido de recursos y energía a través del despojo de los bienes de comunidades y pueblos, afectando la identidad cultural e histórica.
Según el documento, los daños a la salud y al ambiente son: contaminación del agua, (para producir un gramo de oro se requieren 10 mil litros de agua dulce). Contaminación de suelo aire y agua por sustancias tóxicas utilizadas para el beneficio de los metales como cianuro, mercurio, plomo, arsénico, ácidos, etcétera.
Pérdida de especies vegetales y animales por la deforestación que llevan a cabo las empresas mineras. Generación de jales mineros (lixiviados) con sustancias tóxicas y drenaje ácido que se filtran hacia suelos y agua subterránea. Afectaciones a la salud como problemas respiratorios, daños en la piel, ojos, generación de abortos y partos prematuros, problemas musculares y óseos que generan enfermedades en ocasiones irreversibles y que incluso pueden causar la muerte.
La minería trae consigo otros problemas: conflicto entre comuneros, daños a la actividad económica de campesinos como ganadería y agricultura, expulsión de comunidades, pobreza, pérdida de ecosistemas.
Los problemas más graves que enfrentan aquellas comunidades donde se han detectado metales costosos están: represión, intimidación y hasta asesinatos.
Los gobiernos, con el fin de salvaguardar los intereses de las compañías mineras se atreven a militarizar las zonas.
A los habitantes de Guadalcázar se les proponen alternativas legales y jurídicas para que las empresas mineras no ingresen a su territorio como: que las asambleas agrarias nieguen la entrada a las empresas mineras, organizarse entre pueblos, generar denuncias penales, denunciar los daños al ambiente que las empresas generen o interponer un recurso de amparo.
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