- Eurídice Meza usó recursos públicos municipales, provenientes de la venta de terrenos públicos, para beneficio propio o de terceros
MARCO SERNA Y BETO GUERRERO.- La exalcaldesa de Villa Hidalgo, Eurídice Meza Mendoza, permanecerá en prisión preventiva por el delito de ejercicio abusivo de funciones, según lo confirmó el juzgado penal en turno. La exservidora pública está acusada de usar recursos públicos municipales, provenientes de la venta de terrenos públicos, para beneficio propio o de terceros.
La defensa de la exalcaldesa había promovido un juicio de amparo para invalidar la prisión preventiva que se le impuso hace un año, por considerar que los argumentos en su contra se encontraban infundados. Sin embargo, un juzgado federal ordenó la reposición de la notificación de determinación de la medida cautelar del juez del fuero común, para volver a dictar las medidas preventivas, por considerar que las notificadas hace un año no presentaban la justificación suficiente.
En la audiencia desahogada en el Centro de Reclusión Número Uno de La Pila, la defensa de la exalcaldesa argumentó razones objetivas para que ella enfrente el proceso en libertad, pero el juez confirmó la medida cautelar. El juez tomó en cuenta los antecedentes del caso, que se remontan a una denuncia por fraude por 28 millones de pesos derivados de la venta de predios por 35 hectáreas para una carretera de cuota, acto que le imputan a la expresidente municipal de Villa Hidalgo.
El alcalde municipal, Ismael Vázquez Rodríguez, entrevistado por Plurinominal, explicó que el proceso penal que se sigue contra Eurídice Meza Mendoza está en una etapa intermedia, y que todavía habrá que esperar a que se resuelva el fondo del asunto. Según el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, el delito de ejercicio abusivo de funciones se sanciona con una pena de prisión de seis meses a doce años y una sanción pecuniaria de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, dependiendo de la cuantía de las operaciones ilícitas.
El alcalde Vázquez reconoció que tenerla privada de su libertad no les beneficia tanto como recuperar la suma o resarcir el daño causado al patrimonio municipal.
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