- Investigaciones en marcha respecto a “moches” durante entrega de vehículos
REDACCIÓN.- En un esfuerzo por desmantelar una red de corrupción dentro del sistema judicial, la Visitaduría de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha realizado una inspección en las instalaciones de la Policía de Investigación (PDI) de Rioverde, por orden de la titular María Manuela García Cázares. La acción se centró en investigar las actividades del subdelegado Francisco Montiel Villeda, quien ha sido señalado por numerosos ciudadanos por su presunta implicación en actos de corrupción y abuso de poder. Las denuncias indican que Montiel ha utilizado su posición para extorsionar a ciudadanos, particularmente en casos relacionados con la devolución de vehículos.
Alberto Galindo Román, en comentarios en la página del Diario Zona Media de Rioverde, relató cómo su padre fue víctima de este esquema de extorsión. Según Galindo, su padre fue obligado a pagar 40 mil pesos para recuperar un tráiler que había sido confiscado bajo circunstancias dudosas. Galindo afirmó que un “agente ministerial”, identificado como Leo, le advirtió que debía pagar el monto exigido o enfrentar represalias. Este tipo de abuso, según Galindo, es una práctica común dentro de la delegación bajo la dirección de Montiel, quien presuntamente exige dinero a cambio de la liberación de vehículos y otros trámites que, en realidad, deberían ser gratuitos, en hechos donde participan varios funcionarios, todos parte de la supuesta red de corrupción que, de desmantelarse, podría ser el inicio de una serie masiva de despidos y de hasta juicios del orden penal.
El testimonio de Galindo no es un caso aislado. Otro ciudadano, compartió su experiencia con un fiscal identificado como Cristián Macías. Según el relato, Macías le exigió 35 mil pesos para repartir entre varios funcionarios, incluyendo al delegado y un perito, para liberar su vehículo. El ciudadano explicó que fue acusado falsamente de tener un coche clonado, lo que resultó en la retención del mismo. Aunque más tarde se demostró que la acusación era infundada, se le pidió un pago considerable para recuperar su patrimonio. Esta persona también denunció que durante el proceso, el número de serie original de su vehículo fue borrado, un claro indicio de manipulación y corrupción.
Las autoridades han asegurado que las investigaciones continuarán hasta que se esclarezcan todos los casos y se tomen las medidas necesarias contra los responsables. Mientras tanto, la ciudadanía espera que se haga justicia y que se restablezca la confianza en las instituciones judiciales.
Así las cosas, si algún cerritense o villajuarense ha sido presa de estos presuntos vivales, es tiempo de alzar la voz en cuanto a hechos que puedan vincular a funcionarios públicos de la localidad, desde policías de investigación, estatales, Ministerios Públicos, Jueces Calificadores y hasta personal de pensiones.
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