Después de la violencia criminal, la impunidad es quizá el peor de los flagelos sociales y el que mayor dolor, rabia e impotencia provocan entre la población civil.
Esta irritación social se incrementa exponencialmente cuando la impunidad es propiciada desde las distintas esferas del poder público.
Bien sea por compromisos políticos, bien por arreglos deshonestos y si se quiere hasta por ineptitud, lo cierto es que la impunidad generada por algunas autoridades campea irrefrenable en todos los rincones del país como una burla soez a las leyes y a los derechos de las víctimas en particular y de la sociedad en su conjunto.
El influyentismo, protector oficial y oficioso de amigos o simpatizantes existe también en Cerritos, de hecho ha existido desde siempre sin importar ideologías ni credos de quienes gobiernan y han gobernado este sufrido terruño de la medianía territorial potosina.
Varios han sido los infractores y hasta delincuentes en algunos casos, que merced a la intervención de autoridades o de sus influyentes familiares han escapado a la acción de la ley evitando así un justo y merecido castigo.
Reza una sentencia popular que “La impunidad es el primer síntoma de la conversión de un Estado en Corruptocracia”. Contundente verdad que estalla en la cara de un pueblo indefenso y estupefacto.
En la administración reciente se han dado diversos casos en que los ediles e incluso sus cónyuges han intervenido ante las autoridades prosecutoras, investigadoras y hasta impartidoras de justicia para librar de castigos y sanciones a sus amistades y familiares. Incluso han ordenado a sus propios jefes policiacos que liberen a correligionarios que han sido detenidos por conducción vehicular en altos grados de intoxicación etílica. El caso más reciente es el de un educador, consanguíneo de una integrante del cuerpo edilicio quien fue asegurado conduciendo bajo influjo del alcohol en una cercana comunidad. La intervención de la familia gobernante no se hizo esperar, por fortuna las autoridades que lo detuvieron y las que recibieron la consignación del sujeto no cedieron a las pretensiones de los influyentes personajes y el caso siguió su curso legal. Este proteccionismo sería entendible, aunque no justificable si la ayuda fuese pareja para todo el que cae en estas situaciones, sin importar su filiación política, pero son casos de excepción que benefician sólo a sujetos con los que los funcionarios “sí tienen compromisos”.
La rampante parcialidad es vergonzosa, más aún cuando con hipócrita actitud moralina se ceban contra quienes son ajenos a sus estimas o compromisos. Como autoridades constitucionales olvidan que la impunidad propicia, fomenta e incrementa la repetición de un mal acto, en detrimento del contexto social ya de por sí muy deteriorado por la inseguridad y la pobreza.
Un gobierno donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo.
Esta actitud selectiva también priva en el orden laboral, donde sin motivo alguno despiden a empleados sólo por que “no existe compromiso” político o familiar de las dos parejas que manejan los destinos del Ayuntamiento local con los afectados o sus parientes, como se ha argumentado en las reuniones de cabildo. Tres años son pocos para fomentar relaciones sanas y demasiados para engendrar rencores. El tiempo pasa volando.
CINCELAZO.- «La esperanza de la impunidad es para muchos hombres una invitación al delito.»
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