- Intimidando a deudores, realizan cobros particulares
Con datos de Francisco V. De la Cruz.- El asunto donde personal de Sindicatura intimida a comerciante, ha sido dado a conocer por familiares del afectado.
Utilizando su investidura, personal de esa oficina ha abusado del poder para intentar acciones que no les corresponden.
Han amenazado a negociante para que liquide un adeudo derivado de convenio entre particulares que debe resolverse ante el juez.
La Sindicatura ha servido para que particulares allegados al personal del ayuntamiento, logren acciones que no están contempladas en la ley.
Se ha explicado que personal de Sindicatura solo tiene facultades para conciliar a las partes en pugna, pero no puede realizar cobros a deudores en favor de empleados municipales.
Existen en Cerritos instancias como el Juzgado Mixto para llevar a cabo juicios mercantiles, o al tratarse de delitos, corresponde al Ministerio Público ejercitar acción penal, pero no al Síndico, quien de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio Libre, debe “procurar, defender y promover los intereses municipales”.
Se denunció a este medio, que el departamento de Sindicatura que atiende la Licenciada Jessica Tapia y sus auxiliares, da preferencia a personas que políticamente coinciden con el partido en el poder.
“Auxiliares del departamento utilizan su posición dentro del ayuntamiento para intimidar a la contraparte”, expuso un litigante.
Así, se ordena a los policías llevar citatorios a deudores, lo que genera miedo.
Se sabe de asuntos en los que exigen pagos frente a domicilios, a nombre del personal de sindicatura.
Al parecer la alcaldesa Dulce María Montes Zúñiga, así como Alfredo Sánchez Azúa,Secretario General, tienen conocimiento de éste tipo de situaciones, por ello deben argumentar cuál es el fundamento que da origen a las mismas.
Al no existir bases legales, asesores de perjudicados exigen sanciones para quienes se hayan excedido en sus funciones.
Destaca el asunto de un hombre dedicado a la venta de pizzas.
Como pidió dinero a trabajador municipal, el acreedor acudió a Sindicatura pidiendo apoyo para lograr el cobro de casi 3 mil pesos.
El Licenciado Juan Ortega, se presentó al domicilio del deudor, acompañado del trabajador del ayuntamiento.
Le exigían el pago, porque hizo caso omiso a 2 citatorios que le hicieron llegar.
Como no tiene dinero, asegura el afectado que se le amenazó con clausurarle el negocio porque no estaba regularizado por Hacienda, ni cumplía con lineamientos estipulados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Los “cobradores”, se dieron la oportunidad de tomar fotografías a diferentes herramientas de trabajo con el objeto de valuarlos.
Al poco tiempo, el Licenciado regresó acompañado de personal de Seguridad Pública, dando un plazo para cubrir la deuda al 17 de junio, la que se incrementó casi a 5 mil pesos por los intereses.
Familiares del comerciante, se muestran temerosos ante la amenaza de personal de presidencia.
Tienen miedo que les cierren la pizzería, pues aseguran que el acreedor posee influencias con los de primer nivel.
Se ha explicado que los utensilios del negocio, se lograron gracias a un programa de gobierno
Ciudadanos han recomendado al deudor, que acuda a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una queja, lo mismo que ante la Contraloría Interna del ayuntamiento.
Se menciona que el comerciante nunca se ha negado a pagar, pero no ha logrado reunir la suma.
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