- Solicitan permiso a Cabildo para iniciar “procedimiento de responsabilidad administrativa” contra Silvia Rodríguez Martínez, Uriel Monreal y “quien resulte responsable”
Marco Serna.- Una denuncia ciudadana se presentó ante la Contraloría del ayuntamiento que encabeza José Cruz García Vázquez.
El documento marca el inicio del “procedimiento de responsabilidad administrativa” que se intenta seguir contra los funcionarios panistas Silvia Rodríguez Martínez, Uriel Monreal y “quien resulte responsable”, de los hechos que se explican en el “ocurso”.
Se trata de una queja ciudadana expuesta por el Licenciado Luis Federico Castillo Vera que se comentó en la sesión extraordinaria de cabildo programada para la tarde del viernes 27 de septiembre.
Todos los integrantes del cuerpo edilicio votaron en favor de continuar el proceso porque desde su punto de vista, se lesionan intereses de la sociedad.
Se trata de 3 calles en las que se aprecian cifras “infladas” del costo de la obra relacionadas con el precio del metro cuadrado.
El escrito se fundamenta en el artículo 2 fracción II, 3 fracción VIII, 55 y 56 de la “Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí”.
Se pide el inicio de un “proceso de responsabilidad administrativa” contra el Director de Desarrollo Social, “responsable de administrar el desarrollo de los programas y obras derivadas de la aplicación de recursos de los fondos municipales provenientes del ramo 33”.
De igual modo, se busca responsabilizar a Silvia Rodríguez Martínez, quien funge como Tesorera Municipal, “por ser parte corresponsable en la coordinación y buen uso de los dineros de los fondos municipales y aportaciones federales”, así también en “contra de quien resulte responsable” de los hechos que se exponen en el escrito que menciona anomalías detectadas por pavimentaciones de calles cuyo precio es sumamente excesivo.
Por otro lado, en las cuentas públicas de junio y julio que se entregaron a los regidores este viernes, se revela un aumento de “horas extras y pago de alimentación” en favor de ciertos empleados del ayuntamiento.
De acuerdo a la “Ley de Responsabilidades”, “todo servidor público tendrá obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento será causa de responsabilidad administrativa, la que dará lugar al procedimiento y a las
sanciones que correspondan”. Según promoventes del escrito, los funcionarios que actualmente trabajan en el ayuntamiento han infringido lo anterior.
Este tema fue presentado a Cabildo la tarde del viernes por José Cruz, y todos los integrantes de Cabildo, es decir los regidores, síndico municipal y la alcaldesa Dulce María Montes Zúñiga votaron en favor de iniciar el proceso.
Se explicó a este medio que lo anterior es una medida de presión para que los empleados cumplan a cabalidad con sus funciones, puesto que la ciudadanía está al pendiente de las acciones del gobierno.
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