- Exalcalde se topa con obstáculos legales ante el Instituto de Fiscalización
REDACCIÓN.- El licenciado Alfredo Sánchez Azúa, residente del Barrio de Santa Cruz en Cerritos, San Luis Potosí, se encuentra enfrentando un revés legal tras no admitir su denuncia ciudadana en el Instituto de Fiscalización Superior del Estado. El pasado 15 de enero, el denunciante recibió una respuesta por parte del Auditor Superior del Estado, el Mtro. Rodrigo Joaquín Lecourtois López, indicándole la falta de fundamentos para dar trámite a su supuesta denuncia contra el Ayuntamiento de Cerritos, encabezado por la C. Lic. María Leticia Vázquez Hernández.
En el marco de su lucha por la transparencia y el cumplimiento de la legislación municipal, Sánchez Azúa se topó con la negativa del Instituto de Fiscalización. La respuesta se basó en argumentos legales y competencias institucionales, según lo estipulado en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí.
La denuncia inicial, presentada el 10 de enero de 2024, acusaba al ayuntamiento de Cerritos de incumplir con el artículo 21 fracción III penúltimo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado. Dicha normativa, reformada en febrero de 2023, establece la obligatoriedad de transmitir en vivo las sesiones de Cabildo a través de medios electrónicos.
En la respuesta oficial, se argumenta que la facultad de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública recae en el Congreso del Estado, a través del Instituto de Fiscalización Superior. Este proceso tiene como objetivo comprobar el cumplimiento de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como la gestión financiera de las entidades fiscalizadas.
El Instituto explicó que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí establece la estructura y funcionamiento de los municipios, determinando la obligación de contar con un Contralor Interno para garantizar la adecuada fiscalización y transparencia en el uso de los recursos públicos.
El licenciado Sánchez Azúa, quien aspira a la alcaldía y se presenta como próximo representante de la coalición PRI, PAN y PRD, ha destacado la importancia de la participación ciudadana y la transparencia en el proceso electoral de 2024. Afirmó que el ordenamiento que exige la transmisión en vivo de las sesiones de Cabildo debe implementarse de manera oportuna y adecuada por las Áreas de Comunicación Social e Informática, sin embargo no halló los medios legales para hacer valer su denuncia ciudadana comprobándose que inició acaparando reflectores hacia su candidatura, pero desconociendo los ordenamientos que debía hacer valer para el debido reclamo.
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