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Grave crisis de pensiones y falta de cultura laboral en municipios

  • Urge a crear fondo para evitar descapitalización y proteger trabajadores

MARCO SERNA.- El estado de San Luis Potosí enfrenta un serio problema con respecto a las pensiones de los profesores y a la falta de cultura laboral en los municipios. Desde hace años, las reservas para los maestros en la Dirección Estatal de Pensiones se han agotado, lo que indica una clara falta de planificación por parte del gobierno y administraciones anteriores. Este problema se extiende por todo el país y se hereda de una administración a otra, lo que provocará un grave colapso en las arcas públicas en breve si no se toman medidas.

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En una sesión ordinaria del Congreso del Estado, el Diputado Konishi Ramírez propuso exhortar a los ayuntamientos de Axtla de Terrazas, Catorce, Cerro de San Pedro, Ciudad Valles, Coxcatlán, El Naranjo, Guadalcázar, Huehuetlán, Matehuala, Matlapa, Mexquitic de Carmona, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, Santa Catarina, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tampacán, Tanlajás, Tierra Nueva, Villa de Ramos, Villa Hidalgo y Xilitla para que realicen gestiones e implementen acciones administrativas que les permitan pagar pensiones o crear grupos cotizadores que conformen fondos de pensiones en favor de sus trabajadores, y que informen adecuadamente a la Dirección General de Pensiones.

En agosto de 2020, durante un foro virtual, la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM) ya urgía a crear un fondo de pensiones para evitar la descapitalización de los municipios y asegurar la protección de sus trabajadores a través de la implementación de un sistema de pensiones en vinculación con la Dirección de Pensiones de Gobierno del Estado.

Se dijo que los Ayuntamientos podían formar parte de la Ley de Pensiones del Estado, administrarían y pondrían sus reglas para formar su propio fondo, o bien, tener un marco legal que les diera sustentabilidad. Se consideró la creación de un fondo de pensiones basado en el retiro por edad y antigüedad en el servicio, pensión anticipada por retiro, por incapacidad por causas ajenas al servicio, por incapacidad por riesgos de trabajo, por muerte por causas de trabajo, por muerte por causas ajenas al trabajo, devolución de las cuotas enteradas exclusivamente por el trabajador, préstamos a corto plazo y créditos para la adquisición de propiedades de casa o terrenos, entre otros.

En el caso del municipio de Cerritos, en ese tiempo algunos trabajadores ya rebasaban los setenta años de edad, y algunos pidieron la intervención del líder sindical, Ringo Posadas, para la jubilación, pero se enteraron de que el municipio no otorgaba esa prestación debido a la falta de recursos económicos, lo que provocó controversia, ya que se descubrió que algunos trabajadores habían sido jubilados con 16 años de servicio y con menos años de edad que otros.

Es así como quedó claro que el ayuntamiento de Cerritos jamás se preocupó por implementar un fondo para los jubilados de acuerdo a la ley de pensiones.

Una fuente confiable dijo a Plurinominal, que la alcaldesa María Leticia Vázquez Hernández ha logrado mantener los derechos laborales de algunos jubilados del ayuntamiento y del personal del OPAPCE. No obstante, se trabaja arduamente para garantizar la misma certeza para todo el personal del ayuntamiento.

«La intención es afiliar a los trabajadores al IMSS para ofrecerles mayor seguridad, pero debido a que las cuotas son muy elevadas, las administraciones anteriores optaron por pagar únicamente las consultas médicas», afirmó la fuente.

«La presidenta Lety Vázquez está resolviendo el problema de fondo para evitar futuras dificultades. Se otorgará el IMSS a los trabajadores para garantizar tanto su atención médica como su jubilación. Esta iniciativa no surge de las presiones sindicales, sino de la propia alcaldesa», agregó el declarante.

En cuanto al colapso de Pensiones del Estado que afectó a los profesores, otra persona mencionó un presunto desvío de 1.2 mil millones de pesos durante la administración de Fernando Toranzo, destinados a financiar la campaña de Juan Manuel Carreras Carreras López.

«Los fondos fueron desviados con la complicidad de los sindicatos burócratas y magisteriales de la época. Además, la nómina de los maestros se infló significativamente con la venta de plazas y la creación de plazas duplicadas”, declaró la persona.

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