POR MARCO SERNA | Cerritos atraviesa una semana de tensión. Familiares, amigos y ciudadanos que respaldan a la familia de Lizbeth Sarahí ocuparon la tarde del sábado 8 de agosto la Presidencia Municipal y pasaron la noche allí. El origen de todo se remonta al accidente vial ocurrido el domingo 2 de agosto (según la versión local que circula) en los límites con Villa Juárez, donde la joven de 23 años perdió la vida. Las protestas escalaron. Se cerró la supercarretera a la altura de la caseta de Cerritos el viernes 7, se pospuso el Festival del Taco el sábado 8, comerciantes cerraron sus negocios y el pueblo se vio desolado. Este domingo 9 de agosto se anunciaba una marcha de jóvenes en apoyo a la familia.
La familia de Lizbeth pide, según sus propias consignas, que el asunto se resuelva conforme a la ley. Exigen que se investigue a todos los involucrados en el proceso —policías, médicos del hospital, autoridades— y que, de comprobarse alguna responsabilidad, se actúe según lo que marcan las normas. También solicitan el cambio de nombre de una calle y un diálogo con la alcaldesa de Cerritos. Por su parte, hay ciudadanos que ven en el conflicto un giro político, mientras otros se mantienen al margen o expresan posiciones distintas. En redes sociales los comentarios arden, muchos desde perfiles anónimos.
Ante este panorama, conviene recordar cómo funciona realmente el procedimiento cuando ocurre un hecho de tránsito con resultado de muerte. La investigación no depende de la voluntad de un ayuntamiento ni de un cabildo. Corresponde al Ministerio Público (la Fiscalía) reunir los elementos de prueba: el atestado policial, las periciales, las declaraciones, los dictámenes médicos y todo aquello que permita determinar si hubo o no una conducta que la ley tipifica como delito cuando se trata de imprudencia al volante. El expediente se abre de oficio. La autoridad ministerial tiene la obligación de integrar la carpeta de manera completa e imparcial, y es ella —no el gobierno municipal— quien decide si ejercita o no la acción penal ante un juez.
La alcaldesa de Cerritos, como cualquier otro presidente municipal, no tiene atribuciones para ordenar la comparecencia ni la captura de nadie. Su función es administrativa y de gobierno local, pero sí puede exigir que se actúe conforme a derecho.
El accidente ocurrió en los límites de Villa Juárez, por lo que aquel municipio también está vinculado a las primeras diligencias. Cualquier omisión, alteración de expediente o tráfico de influencias, si llegara a demostrarse, tiene su propio camino legal; denuncias ante las instancias correspondientes y, en su caso, responsabilidades administrativas o penales para quienes las cometan. La ley es clara y debe aplicarse sin distinción de personas. Eso es lo que significa que sea “ciega”.
Es comprensible el dolor de una familia que pierde a una hija de 23 años. Ninguna palabra puede aliviar ese vacío. También es comprensible que la gente se pregunte por qué en otros casos similares —accidentes o hechos violentos ocurridos en Cerritos a lo largo de los años— no se generó el mismo respaldo ciudadano. Esos precedentes existen y están documentados. Recordarlos no es para reabrir viejas heridas, sino para subrayar una exigencia legítima: que la justicia se aplique siempre, no solo cuando el caso genera movilización; y es que, en esos asuntos, donde conductores en circunstancias similares fueron responsables de la pérdida de vidas, nadie alzó a voz en aquellos entonces.
Este sábado, los regidores firmaron un acta con peticiones de la familia. Se espera que autoridades de distinto nivel acudan a dialogar. Ese diálogo es necesario, siempre y cuando se mantenga en el terreno de la legalidad y del respeto. La protesta pacífica es un derecho; la violencia, no. Los audios que circulan sobre posibles enfrentamientos deben servir de advertencia. La vía correcta es el expediente, las pruebas y la resolución de un juez, no la presión física ni el linchamiento.
En este momento, lo más importante es que la investigación avance con rigor, sin favoritismos ni dilaciones. Que se reúnan todos los elementos posibles, que se escuche a las partes y que, al final, la resolución se base en hechos y no en influencias ni en el ruido de las redes. La familia de Lizbeth tiene derecho a saber la verdad y a que se aplique la ley. El resto de la sociedad tiene derecho a que esa misma ley se aplique por igual en todos los casos. Solo así se construye confianza verdadera.
Nos leemos la próxima…
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